La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, PROVÍCTIMA, y el Infonavit, suscribieron un convenio de colaboración para apoyar a los acreditados, en todo el país, víctimas del delito que por encontrarse en calidad de desaparecidas o no localizadas no pueden cumplir con el pago de sus mensualidades.
El Instituto otorgará una prórroga especial de pago del crédito sin generación de intereses durante un año y determinará si el acreditado o sus familiares son candidatos a una vivienda en comodato durante seis meses no prorrogables. El Infonavit podrá negociar la adquisición de la vivienda a favor del comodatario.
El acuerdo fue suscrito por Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Infonavit y por Sara Irene Herrerías Guerra, procuradora general de PROVÍCTIMA.
La titular de PROVÍCTIMA, Sara Irene Herrerías Guerra, destacó que para una víctima u ofendido de delito es un alivio no tener que preocuparse por su deuda con el Infonavit, o incluso por no tener dónde vivir, al menos durante la etapa más intensa de su proceso de recuperación física, emocional y productiva.
PROVÍCTIMA es un organismo del Gobierno Federal que atiende a quien ha sido víctima u ofendido de delitos, así como a los familiares de las personas desaparecidas o no localizadas.
Este organismo tiene una línea de atención gratuita las 24 horas durante los 365 días del año en donde se puede ofrecer información a la víctima o sus familiares: 01 800 842 8462. Para obtener mayor información también se puede consultar su página de internet www.provictima.gob.mx
“En este convenio, Infonavit apoyará incondicionalmente a los acreditados víctimas de algún delito que hayan comprometido su relación crediticia. Vamos a atenderlos y darles la orientación correspondiente de la misma manera que a sus familiares directos e indirectos que acudan en busca de ayuda”, destacó Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Infonavit.
El Infonavit ofrece a todos sus acreditados la Garantía Infonavit, la cual, les asegura por escrito una alternativa en función a su capacidad de pago, en caso de pérdida de relación laboral, disminución de los ingresos o enfermedad, así como obtener beneficios por mantenerse al corriente.
