De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), el estado de Puebla se encuentra en sexto lugar a nivel nacional de las entidades con mayor rezago educativo,
El rezago educativo continúa siendo una de las principales brechas sociales en México y que genera desigualdad entre quienes tienen opciones educativas y quiénes no.
El rezago educativo incluye a personas que no tiene los niveles educativos indicados para su edad, una condición que impacta directamente en las oportunidades laborales, ingresos y acceso a otros derechos sociales.
Chiapas encabeza la lista de entidades con mayor porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo, con 44.9%.
Después aparecen Michoacán, con 40%, y Guerrero, con 39.3%, además de Oaxaca y Veracruz, que también superan el 35% de población en esta condición.
En el bloque de mayor población con rezago educativo también figuran Puebla, Yucatán y Zacatecas.
La entidad poblana tiene un 33.4%, estas cifras reflejan dificultades históricas relacionadas con acceso desigual a la educación, pobreza y abandono escolar.
Resultado de ello hace que la entidad se encuentre también en el sexto lugar de entidades con mayor incidencia de trabajo infantil, más de 32 mil infantes en Puebla se encuentran en situación de explotación laboral.
De esta cantidad, el 26 por ciento de los menores involucrados en estas tareas ya no asiste a la escuela, es decir, 8 mil 320 que se encuentran en esta situación.
El rezago educativo y el trabajo infantil en México son dos caras de la misma moneda. La necesidad económica en los hogares vulnerables suele empujar a los menores al mercado laboral informal, lo que provoca ausencias escolares, bajo rendimiento y, finalmente, el abandono de las aulas.
Tanto a nivel federal, como local (Puebla), las políticas públicas han migrado gradualmente de un enfoque punitivo hacia estrategias de retención escolar, transferencias económicas directas y coordinación interinstitucional.
A pesar de estos esfuerzos, el principal cuello de botella de las políticas públicas radica en la informalidad. Mientras las inspecciones de la Secretaría del Trabajo pueden multar y clausurar empresas formales que contraten menores, el trabajo infantil en el comercio ambulante urbano o en el ámbito familiar del campo resulta sumamente difícil de fiscalizar .
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