*El activista demanda que la inversión inmobiliaria no se imponga sobre la historia, los derechos culturales y la voz de los habitantes. Un escrito de 17 páginas ya fue recibido oficialmente por el Centro INAH Puebla.
José Aarón Armando Méndez Romero presentó ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una petición formal de intervención preventiva para proteger el patrimonio histórico, urbano y cultural de San Francisco, El Alto, Analco y su entorno, ante el desarrollo inmobiliario anunciado para el Paseo de San Francisco.
El escrito, de 17 páginas, cuenta con sello de recepción de la Dirección del Centro INAH Puebla de este 12 de octubre, a las 10:20 horas. La petición exige que las autoridades no reduzcan una zona histórica a una operación de aprovechamiento inmobiliario y que examinen sus posibles efectos antes de permitir intervenciones irreversibles.
LOS BARRIOS NO SON TERRENOS VACÍOS DE HISTORIA
El 1 de octubre, el Ayuntamiento de Puebla informó sobre la presentación de un proyecto de Grupo Carso que, según la información oficial citada en el escrito, prevé una inversión superior a cuatro mil millones de pesos para vivienda y una plaza comercial en la zona de San Francisco.
Frente a esa magnitud económica, el planteamiento de Méndez Romero es categórico: la inversión no puede sustituir el cumplimiento de la ley ni la obligación de proteger el patrimonio de los poblanos. No basta con conservar algunas fachadas si se comprometen la estructura urbana, las relaciones entre barrios, el paisaje histórico o las condiciones en las que sobreviven sus tradiciones.
El decreto federal del 18 de noviembre de 1977 declaró la Zona de Monumentos Históricos de Puebla, con 6.99 kilómetros cuadrados, 391 manzanas y 2,619 edificios de valor histórico. La declaratoria reconoce, entre otros elementos, el conjunto conventual de San Francisco y el perfil urbano asociado a Analco, Xanenetla y San Francisco el Alto.
NO SE DEFIENDE SOLO LA PIEDRA: SE DEFIENDE LA VIDA DE LOS BARRIOS
La solicitud sostiene que el patrimonio también vive en las festividades, la gastronomía, la alfarería, los tianguis, los oficios y los usos comunitarios del espacio. Por ello pide que las autoridades culturales documenten estas expresiones y escuchen directamente a habitantes, comerciantes, artesanos y comunidades antes de adoptar decisiones que pudieran afectarlas.
Se trata de antecedentes que justifican una investigación especializada; no se afirma que todas esas prácticas cuenten ya con reconocimiento jurídico como patrimonio cultural inmaterial.
EL INAH DEBE RESPONDER CON EXPEDIENTES, DICTÁMENES Y FUNDAMENTOS
Méndez Romero solicita identificar con precisión los predios y etapas del desarrollo; informar sobre solicitudes, expedientes y autorizaciones existentes; evaluar sus efectos conjuntos y acumulativos; y realizar las inspecciones legalmente procedentes. También pide coordinación con la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad para integrar la dimensión social y cultural al análisis técnico.
La petición exige que, si se detectan obras sin autorización o contrarias a las condiciones autorizadas, se ejerzan las facultades legales de inspección y protección. No atribuye de antemano ilegalidades al proyecto ni da por acreditados daños patrimoniales.
LA DECISIÓN SOBRE EL PATRIMONIO NO PUEDE TOMARSE A ESPALDAS DE LA GENTE
La exigencia central es clara: transparencia, participación comunitaria, evaluación integral y protección efectiva antes de cualquier transformación irreversible. La solicitud invoca el derecho de petición del artículo 8° constitucional y reclama una respuesta escrita, fundada y motivada.
Para Méndez Romero, la discusión no es si Puebla debe desarrollarse, sino qué desarrollo es compatible con la memoria, la identidad y los derechos culturales de quienes habitan sus barrios históricos. La rehabilitación y la inversión pueden ser bienvenidas; lo inadmisible sería que el patrimonio tuviera que ceder sin una evaluación rigurosa.
La recepción del escrito no implica que el INAH haya emitido una resolución, ordenado suspensiones o confirmado irregularidades. El siguiente paso corresponde a las autoridades: responder y explicar públicamente cómo garantizarán la protección del conjunto histórico.
