Las irregularidades cometidas en el proceso penal contra la ciudadana francesa Florence Cassez no deben quedar impunes, hay que realizar una investigación para sancionar a las autoridades que fabricaron pruebas, porque las víctimas del delito se encuentran sin acceso a la justicia y en estado de indefensión, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
El coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República señaló que en un Estado democrático de derecho y respetuoso de derechos humanos, «no hay cabida a la obtención de pruebas ilegales y mucho menos su convalidación al margen de la ley».
«El dar cauce legal a este tipo de actuaciones no sólo perjudica al procesado, sino también a las víctimas del delito al no tener acceso a la justicia y, por ende, a una reparación del daño», insistió el senador Miguel Barbosa.
Manifestó que la inobservancia de las normas del debido proceso afecta al imputado, pero también de manera sensible a las víctimas, al sistema de justicia y al Estado frente la vista de los demás gobiernos que forman parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.
Refirió que hoy por mayoría de votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar «amparo liso y llano» a la ciudadana Florence Cassez, es decir, su libertad inmediata por violaciones graves al debido proceso, particularmente por la obtención y valoración de pruebas obtenidas ilícitamente en su contra.
«Con esta determinación se confirma que la presentación realizada por la autoridad ante los medios de comunicación el 9 de diciembre de 2005 constituyó un acto de simulación que afectó directamente los principios de presunción de inocencia y en consecuencia el debido proceso que debió seguirse en su contra», señaló.
Barbosa Huerta dijo que entre las irregularidades consideradas por la Corte destacan: simulación del operativo de detención; cambio de declaraciones testimoniales; dilación indebida en la puesta a disposición del Ministerio Público; violación al principio de inmediatez en las declaraciones testimoniales; violación al derecho de asistencia consular, entre otras.
Luego de la determinación de la Corte, el coordinador parlamentario del PRD expuso que hay un elemento de fondo en este proceso: se trata de una inocente que fue acusada con pruebas fabricadas, o de una culpable que se va libre a causa de defectos en el procedimiento.
Señaló que este juicio analizado por el máximo tribunal la Corte establece un precedente para que se atiendan con el mismo interés los casos de todas las personas, extranjeros o nacionales, migrantes o mexicanos que están detenidos por defectos en el procedimiento, «por lo que se llama un indebido proceso legal».
