La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene entre sus programas, el de atención de casos de mexicanos condenados a pena de muerte en el extranjero, a efecto de verificar que reciban la asistencia consular y jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del seguimiento del estado procesal de los casos.
De esta manera, desde la perspectiva del respeto a sus derechos humanos, se da atención a los planteamientos que hacen nuestros compatriotas condenados a la pena capital, se reciben sus quejas y se brinda acompañamiento y orientación para sus familiares.
El Doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sido enfático en expresar su total oposición a la aplicación de la pena de muerte; considera que en ninguna circunstancia se debe atentar contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad de las personas.
El carácter trascendente e irreversible de dicha sanción, hace imposible la reparación, si por ejemplo después de su aplicación, devinieran pruebas que demostraran la inocencia de los inculpados.
Por ello, este Organismo nacional autónomo, seguirá insistiendo en la abolición de la pena de muerte, y en la necesidad de permutar o conmutar dicha sentencia por una de prisión.
Hasta octubre pasado, el «Programa contra la Pena de Muerte de Mexicanos en el Extranjero», se encontraba en seguimiento de 61 casos de mexicanos sentenciados a la pena capital, 58 en los Estados Unidos de América y tresen Malasia.
Sin embargo, el pasado 2 de noviembre del año en curso, se tuvo conocimiento de que otro mexicano fue sentenciado a la pena capital en el Estado de California, información que ha sido confirmada por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que el número de casos aumenta a 62.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera su compromiso de continuar con el seguimiento y atención de estos casos, manifiesta su absoluto rechazo a la aplicación de la pena de muerte y mantendrá su postura de defensa del derecho a la vida ante los gobiernos extranjeros que la aplican, para pugnar por su abolición.
