-El gobierno de Puebla acusó a Grupo Salinas de solicitar convenios millonarios; el mandatario estatal sostiene que no aceptará presiones y defiende el uso de recursos públicos
La negativa del gobierno de Alejandro Armenta Mier a concretar contratos por 2 mil 350 millones de pesos con empresas de Grupo Salinas detonó una disputa con TV Azteca, luego de que la administración estatal acusara al consorcio de presionar mediante contenidos críticos contra el mandatario poblano.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, reveló que el grupo empresarial presentó en septiembre de 2025 propuestas comerciales para distintas dependencias estatales, relacionadas con telecomunicaciones, seguros, digitalización de documentos y servicios tecnológicos. La administración estatal rechazó las propuestas y sostuvo que no comprometería recursos públicos en esos proyectos.
Entre las solicitudes destacaba una inversión de 2 mil millones de pesos para una red dorsal de telecomunicaciones a través de Totalplay. También se plantearon servicios de seguros, digitalización de archivos y sistemas tecnológicos para el control de grúas y corralones, entre otros proyectos que, en conjunto, sumaban más de 2 mil 350 millones de pesos.
Tras la negativa, el gobierno estatal acusó a TV Azteca de intensificar sus cuestionamientos contra la administración de Armenta. El mandatario afirmó que no mantiene una confrontación con los medios de comunicación, pero advirtió que su gobierno no aceptará presiones ni condicionamientos relacionados con la difusión de información.
“No tenemos confrontación con ningún medio ni la deseamos, pero tampoco estamos acostumbrados al chantaje”, sostuvo Armenta al fijar la postura de su administración frente a la controversia.
García Parra argumentó que los recursos solicitados podrían destinarse a proyectos de beneficio social, seguridad e infraestructura. Entre las acciones mencionadas por el funcionario se encuentran la operación de las Casas Carmen Serdán, la adquisición de tecnología para reforzar la vigilancia, la compra de patrullas y la rehabilitación de vialidades en la zona metropolitana.
El conflicto también escaló al terreno de las acusaciones sobre el manejo de información relacionada con el gobierno poblano. Mientras la administración estatal sostiene que algunos contenidos difundidos por la televisora contienen información falsa o imprecisa, TV Azteca ha mantenido una postura crítica hacia el mandatario y su equipo.
La disputa coloca en el centro del debate la relación entre el poder político, los intereses comerciales de los grandes consorcios y el ejercicio periodístico. El gobierno estatal defiende su decisión de no contratar los servicios propuestos y asegura que los recursos deben destinarse a las necesidades de la población.
No obstante, las acusaciones de presiones económicas y represalias editoriales deben distinguirse de los hechos documentados: la presentación de propuestas comerciales y su rechazo no acreditan, por sí mismos, la existencia de extorsión ni que las críticas periodísticas respondan necesariamente a intereses económicos.
Así, el diferendo entre Armenta y TV Azteca mantiene como eje los contratos millonarios que no se concretaron y las acusaciones cruzadas sobre la información difundida en torno a la administración estatal.
