El Partido Revolucionario Institucional saludó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber avalado la acción de inconstitucionalidad promovida por este instituto político que encabeza el licenciado Manlio Fabio Beltrones, con lo cual se garantiza la participación ciudadana en los procesos electorales locales en el Estado de Puebla a través de la figura de candidaturas independientes, en condiciones de equidad.
Con la decisión del Máximo Tribunal del país se rompen los candados que, desde el Poder Ejecutivo estatal, pretendían limitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en perjuicio del avance democrático que ha impulsado el PRI.
La acción de inconstitucionalidad, que presentó el líder nacional priista desde el 17 de septiembre del actual, consiguió eliminar la exigencia de la ratificación de los apoyos ciudadanos que deberían conseguir los aspirantes a una candidatura independiente y la cual, a decir de los Ministros de la Corte, representaba “un requisito abiertamente desproporcionado”.
El PRI saluda la determinación de la Corte, cuando establece que “exigir que los ciudadanos tengan que ir con la credencial de elector a ciertos domicilios, es una barrera de entrada extraordinariamente complicada que lo que busca es un sistema que haga prácticamente inviables las candidaturas independientes”.
En el mismo orden de ideas, la promoción del PRI logró ampliar el plazo para que los aspirantes a candidatos independientes recaben los apoyos necesarios más allá de los 20 días que proponía la iniciativa del Ejecutivo estatal.
Por otra parte, a fin de fortalecer la democracia de los partidos, el PRI logró que se perfeccionaran sus procesos internos, al separar las etapas de precampañas del registro de candidatos, lo cual permite tener un periodo de reflexión, jornada electiva y un tiempo para la resolución de las impugnaciones internas, y con ello garantizar los principios de legalidad, transparencia y certidumbre.
El PRI refrenda su compromiso con la independencia de los árbitros electorales, al impulsar la prohibición para que un integrante del Poder Ejecutivo local forme parte del órgano electoral. Con la resolución de la Corte se garantiza que este funcionario sea nombrado por el órgano electoral colegiado.
