Un mexicano condenado por secuestro en México interpuso un amparo para que se revise su caso por presuntas violaciones a sus derechos humanos, confirmaron fuentes de la asociación civil Causa en Común.
El recurso llega tres semanas después de que la francesa Florence Cassez, condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro y otros delitos, fuera liberada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por irregularidades en el proceso.
La liberación desató una gran polémica en México ante la posibilidad de que el fallo del alto tribunal abriera la puerta a una avalancha de amparos de delincuentes que, al igual que la francesa, les fueron violados sus derechos durante la detención y el juicio.
Tras el triunfo judicial de Cassez, Pedro Sánchez González, condenado hace 12 años por el secuestro en el 2001 de Pedro Galindo, interpuso el recurso de amparo.
La esposa de Galindo y presidenta de Causa Común, María Elena Morera, dijo a través de la red social Twitter que 12 años después del juicio les había llegado un citatorio del Tribunal Colegiado de Toluca a raíz del amparo presentado por el secuestrador.
El secuestrador argumenta que le violaron sus garantías, señaló Morera, quien se pregunta si este es un «efecto» de la decisión tomada por el Supremo mexicano ante el caso de Florence Cassez.
Fuentes de la organización que fundó Morera después del secuestro de su esposo, que sufrió la amputación de cuatro dedos durante casi un mes de cautiverio, dijeron a Efe que la activista no planea hacer declaraciones hasta que no hable con sus abogados.
Esperará sus indicaciones pues no quiere «que la defensa (del secuestrador) vea estos hechos como más atentados contra los derechos humanos».
El activista Alejandro Martí, presidente de México SOS, manifestó su «desesperación» a través de la misma red social, en la que pregunta si un sicario o un narcotraficante es una víctima y si son más importantes los derechos humanos de las víctimas o la de los secuestradores.
El también empresario, que perdió a su hijo a manos de secuestradores, animó a preguntar a los ministros de la Corte Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez, que votaron a favor de la liberación de Cassez sin pronunciarse sobre su inocencia o culpabilidad, «su opinión sobre los demonios que desataron».
«No es posible que las víctimas después del dolor, suframos por trucos legales la ignominia de la posibilidad de ver a nuestro victimario», apuntó y pidió «no privilegiar a victimarios ignorando a las víctimas!». En México se han registrado muchos casos donde los delincuentes no han tenido garantías procesales mínimas, y buena parte de ellos pertenecen a grupos marginados, según la organización Amnistía Internacional (AI).
En el caso de Cassez, un montaje televisivo realizado un día después de su arresto violó su derecho a la presunción de inocencia y retrasó su entrega a la Fiscalía, además de que impidió que recibiera asistencia consular en los tiempos legales.
