El pleno del Senado mexicano aprueba en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que obliga al pago digital y electrónico, con 72 votos a favor y 37 votos en contra.
La nueva ley de orden público y observancia nacional para promover los pagos digitales y electrónicos obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a aceptarlos en trámites y servicios, mientras la Secretaría de Hacienda podrá definir sectores donde sean la única forma de pago.
Esta norma entra en vigor al día siguiente de la publicación del decreto y prevé una sustitución gradual del efectivo, con excepciones temporales ante fallas o contingencias.
El ordenamiento reconoce como medios de pago digitales y electrónicos a los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos, domiciliaciones y otros dispositivos o interfaces que aprueben las autoridades competentes. Su aplicación coexistirá con la legislación financiera, mercantil, bancaria y civil vigente.
Las dependencias federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para recibir estas modalidades de pago. Los proveedores privados de bienes y servicios podrán incorporarlas de manera voluntaria.
Quienes habiliten pagos electrónicos deberán contar con la infraestructura necesaria, informar a las personas usuarias cuáles son los medios disponibles y adoptar medidas para responder ante fallas que impidan realizar cobros. Si una contingencia imposibilita el uso de herramientas digitales, se permitirá de forma temporal pagar en efectivo o con cheque.
La excepción no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para evitar las obligaciones que establece el nuevo régimen.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán constituir la única forma de pago. Las autoridades competentes de cada sector deberán definir condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos para reemplazar gradualmente el uso de efectivo.
Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley, Hacienda deberá establecer los primeros sectores y actividades sujetos a esta medida. Una vez que publique esa determinación, las autoridades sectoriales tendrán otros 15 días hábiles para emitir sus reglas y fijar los plazos de transición.
La implementación deberá financiarse con los presupuestos ya autorizados, sin asignaciones adicionales de recursos públicos.
En la contratación digital de servicios financieros, la ley reconoce la CURP Digital como un mecanismo de confianza que las entidades financieras deberán aceptar. La persona usuaria conservará el derecho de elegir otro medio oficial de identificación.
El Banco de México podrá regular los niveles de operación de las cuentas de depósito, desarrollar herramientas para facilitar transferencias electrónicas y homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras. También podrá establecer medidas e infraestructura para ampliar el acceso de la población a los servicios financieros.
El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado votó en contra de la Ley de Economía Digital, al considerar que la medida puede afectar a pequeños comercios y empresas al limitar el uso de efectivo.
La bancada sostuvo que 85.2% de las compras cotidianas menores a 500 pesos se realizan con billetes y monedas, mientras 45% de los adultos no tiene una cuenta bancaria. También cuestionó que una PyME o un comerciante de mercado deba contratar internet, rentar una terminal y pagar comisiones bancarias de entre 1.5% y 4.5% por cada venta.
El senador José Máximo García López, representante de Baja California, acusó que la reforma permitiría a la Secretaría de Hacienda prohibir el uso de efectivo en determinados sectores y obligaría a los negocios a cobrar mediante plataformas digitales.
“Sí a la tecnología voluntaria y gratuita, pero no a la extorsión fiscal disfrazada de modernidad, no al cheque en blanco para Hacienda y no al golpe contra la economía popular”, afirmó.
García López también señaló que los artículos 18 y 19 contemplan la CURP digital y el expediente digital ciudadano, medidas que, según sostuvo, permitirían una mayor vigilancia fiscal. Acción Nacional exigió comisión cero para las microempresas, un fondo público de conectividad y garantías para que el efectivo siga siendo una opción de pago.
