Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga
Quienes defienden la Sierra Tarahumara, una de las zonas boscosas más importantes de México, se enfrentan al narcotráfico, a caciques locales, a la imposición de proyectos extractivos y a la indiferencia gubernamental. Esos defensores son, en su mayoría, indígenas cuya identidad se forjó entre montañas, barrancos, pinos y manantiales. Sin ese territorio, dicen, ellos no son nada. Por eso lo protegen. Por eso se niegan a que se talen sus bosques y a que sus manantiales se sequen. Por eso enfrentan a quienes buscan cortar sus raíces.
Cuando alguien de su familia muere, los indígenas rarámuri de Coloradas de la Virgen tienen una constumbre: a los ocho días toman tesgüino —bebida tradicional de maíz fermentado—, reúnen las cosas que le gustaban al difunto, lo que sembraba, todo aquello que lo identificaba y se lo entregan en forma simbólica. Le hablan, le aconsejan. Le dicen que ya no regrese, que ya está con la gente que murió. Que se quede allá. Que descanse.
—Eso tiene que hacerse tres veces si es hombre el que murió. Si es mujer, se hace cuatro veces —explica un médico tradicional rarámuri, defensor de los bosques de su territorio y amigo de Julián Carrillo Martínez, también rarámuri, asesinado el 24 de octubre de 2018 en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara localizada en el estado mexicano de Chihuahua.
A Julián lo mataron y, al siguiente día, su familia dejó Coloradas de la Virgen. Los asesinos podían regresar a matarlos a ellos también. Dejaron su casa, sus pertenencias y sus animales. No los dejaron cumplir con su costumbre. Julián no tuvo una despedida como lo marca la tradición de su comunidad.
—Él sabía que lo querían matar —dice en rarámuri María, esposa de Julián. El médico tradicional traduce sus palabras al español— Decía que cuando le pasara algo, no dejáramos el rancho. Si salíamos ya no íbamos a poder regresar a la tierra. Pero tuvimos que salir.
María ha padecido la muerte de su gente. En febrero de 2016 asesinaron a su hijo Víctor Carrillo. En diciembre de ese año, quemaron su casa. En 2017 mataron a dos de sus sobrinos y en julio de 2018 a su yerno. Y ahora también está sin Julián, lejos de su casa y desplazada con sus cuatro hijos, dos nueras y cuatro nietos en una ciudad del norte del país.
Las amenazas contra la comunidad de Coloradas de la Virgen —entre ellos Julián y su familia— llevaban años. Se desataron aún más cuando los indígenas emprendieron una lucha jurídica para evitar que se talaran los árboles que crecen en el territorio que habitaron sus padres, sus abuelos y los padres de sus abuelos.
Cuando lo mataron, Julián era el presidente de bienes comunales. Su función era cuidar todo aquello que es de la comunidad: árboles, agua y territorio.
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