Aquiles Montaño Brito.-
Hace unos días regresó con toda crudeza y ferocidad la represión de varios gobiernos estatales o municipales de Morena en contra de los activistas del Movimiento Antorchista Nacional, a pesar de que un análisis más pensado sobre el grave panorama político al que se enfrenta México en la geopolítica mundial debería, por lo menos, decirles que no son los mejores momentos para profundizar las divisiones políticas en el país, sino para tratar de unirlo ante las graves amenazas extranjeras, sobre todo de Estados Unidos.
Nuestra organización nació para luchar contra la pobreza en México, razón por la cual organizamos y politizamos a las clases trabajadoras de la ciudad y el campo, los llamamos a luchar por sus necesidades básicas —vivienda popular, servicios básicos, caminos, electrificaciones, escuelas, agua potable y seguridad—, y les enseñamos que la pobreza de los mexicanos sólo acabará cuando el pueblo trabajador tome en sus manos el poder político del país. Así hemos crecido y así hemos logrado resolver miles de demandas populares a lo largo y ancho de la República.
Pero esto no le gusta a Morena. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se impulsó una política permanente de ataques y descalificaciones contra Antorcha. Durante todo su sexenio se nos acusó falsamente de corrupción, de manipulación y de ser “intermediarios”, cuando lo único que hacemos es organizar a la gente pobre para que luche por sus derechos. En Puebla, el gobierno de Miguel Barbosa también mantuvo una política represiva contra nuestra organización, negando atención a las demandas populares y utilizando el aparato gubernamental para intentar aniquilarnos políticamente: investigaciones ilegales contra los líderes, intentos de encarcelar a varios de ellos, envío de elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla contra la escuela de artes de Balcones del Sur, así como el envío de tropas de la Guardia Nacional para amedrentar a los deportistas que entrenaban en la Unidad Deportiva de Balcones del Sur o contra los estudiantes de las escuelas de nivel medio superior y superior en Tecomatlán.
Ahora esa política de hostigamiento parece entrar en una nueva etapa. Ahí está el caso de Chimalhuacán, Estado de México, en donde fue detenido el dirigente antorchista Antonio Zacarías por sostener mantas con demandas elementales como agua y seguridad; ahí está el caso de Chiapas, donde fue encarcelado injustamente el compañero Raúl Orión con acusaciones fabricadas y un expediente plagado de irregularidades; ahí está Veracruz, donde miles de ciudadanos organizados fueron ignorados por el gobierno estatal pese a exigir obras y servicios indispensables para sobrevivir. Y así podrían enumerarse muchos otros casos donde la constante es la misma: cerrazón, menosprecio y amenazas contra quienes se organizan para exigir solución a sus problemas.
Nosotros no olvidamos que, durante el sexenio de López Obrador, tuvimos que realizar mítines y manifestaciones en muchos de sus eventos públicos para responder a sus ataques y defender nuestro derecho a existir como organización legal. Sólo así dejó de atacarnos públicamente. La pregunta es, entonces, inevitable: ¿tendremos que volver a movilizarnos de esa manera durante el gobierno de Claudia Sheinbaum para exigir respeto a nuestra organización y a las demandas de la gente pobre?
Lo más preocupante es que esta actitud ocurre en un momento extremadamente delicado para México. El mundo vive tiempos de tensión internacional, guerras, disputas económicas, genocidio y amenazas abiertas de las grandes potencias. Estados Unidos presiona constantemente a nuestro país en materia económica, política y de seguridad. En estas condiciones, cualquier gobierno sensato debería buscar la unidad nacional y evitar abrir nuevos frentes internos de conflicto. También debería entender que perseguir y hostigar a organizaciones populares sólo profundiza el descontento social y debilita la cohesión del país.
Además, Morena enfrenta también los embates de la derecha nacional, que aprovecha cada error, cada abuso y cada acto de soberbia gubernamental para golpear políticamente al régimen morenista. En vez de actuar con inteligencia y prudencia, algunos gobiernos morenistas parecen empeñados en fabricar enemigos y confrontarse con sectores organizados del pueblo trabajador. Una política equivocada y peligrosa.
Los antorchistas hemos dejado clara nuestra postura: no apoyamos ninguna injerencia extranjera en México y defendemos la soberanía nacional. Pero eso no significa que vayamos a renunciar al derecho del pueblo a organizarse y luchar por mejores condiciones de vida. Tampoco vamos a aceptar callados la represión, las campañas de calumnias o el encarcelamiento de nuestros compañeros con delitos fabricados.
Esperamos que el gobierno federal y los gobiernos estatales recapaciten, detengan la represión y atiendan las demandas legítimas de la gente pobre. México necesita unidad, sí, pero una unidad construida sobre la solución de los problemas que laceran día con día la vida de los mexicanos y el respeto a la organización popular, no sobre el silencio impuesto por el miedo y la represión.
