*Además amenaza a empresas automotrices para que salgan de Estados Unidos
Donald Trump endureció su postura económica frente a la posible salida de capitales y plantas manufactureras hacia territorio mexicano.
El político republicano advirtió que aplicará medidas impositivas severas para evitar que la industria automotriz traslade sus operaciones fuera de Estados Unidos.
Durante una reciente intervención, el expresidente destacó la implementación de aranceles históricos a productores y fabricantes extranjeros, bajo el argumento de proteger el empleo local ante la competencia externa.
La estrategia central de esta política económica radica en un arancel del 25% aplicado específicamente a los automóviles fabricados fuera del país.
Según sus declaraciones, esta medida representa un movimiento sin precedentes que ningún mandatario anterior se atrevió a ejecutar por falta de voluntad política. El discurso subrayó que el flujo de empleos hacia otras naciones representaba un problema crítico que ahora encuentra una barrera mediante estas tasas impositivas directas.
El enfoque del exmandatario no solo se limita a la recaudación fiscal, sino que funciona como una advertencia directa contra el modelo de producción transfronterizo.
Al encarecer la entrada de vehículos, el objetivo es obligar a las corporaciones a mantener sus plantas en suelo estadounidense. En su mensaje, utilizó calificativos ideológicos como “comunista” para referirse a posturas contrarias, vinculando dichas ideologías con la pérdida de fuerza industrial nacional.
La narrativa presentada sugiere que las empresas que decidan mover sus negocios a México enfrentarán costos operativos insostenibles al intentar reingresar sus productos al mercado norteamericano.
Esta postura genera una tensión considerable en los acuerdos comerciales vigentes y en la estabilidad de las inversiones futuras. La advertencia sobre detener el traslado de capitales busca revertir la tendencia de relocalización que benefició a diversas regiones mexicanas en años recientes.
Trump insistió en que su decisión de imponer estos gravámenes resultó de un acto de valentía frente a los intereses globales que, a su juicio, perjudicaron al trabajador durante décadas.
La dinámica de la economía regional enfrentaría una transformación profunda si estos planes se ejecutan plenamente. El sector de producción extranjera se mantiene en alerta ante la posibilidad de que el mercado de autos extranjeros sufra una contracción derivada de estos impuestos masivos. Con esto, se busca que el capital permanezca estático, penalizando cualquier intento de buscar menores costos de mano de obra en el país vecino.
La administración de Donald Trump volvió a cambiar el fundamento jurídico de sus aranceles generalizados, pero la nueva vía podría enfrentar el mismo desenlace que sus intentos anteriores: ser anulada por los tribunales. Un análisis del Instituto Peterson para Economía Internacional (PIIE) considera poco probable que los aranceles impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 , con el argumento de combatir el trabajo forzoso, sobrevivan a una impugnación judicial.
Para Alan Wm. Wolff, investigador del PIIE y exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Congreso no otorgó al presidente facultades suficientemente amplias para imponer aranceles generales sobre prácticamente todas las importaciones estadounidenses. La Constitución, sostiene, reserva esa atribución al Poder Legislativo.
También subraya una aparente contradicción, ya que el gobierno de Trump busca justificar los nuevos aranceles con el combate al trabajo forzoso, Estados Unidos no ha ratificado ni el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 ni el Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos internacionales que obligan a los Estados firmantes a prevenir esa práctica, proteger a las víctimas y facilitar mecanismos de reparación.
La nueva estrategia representa el tercer intento de la Casa Blanca por mantener un muro arancelario de alcance global. Trump recurrió primero a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) , la misma que utilizó para imponer aranceles a México, Canadá y China por migración y tráfico de fentanilo, y posteriormente para aplicar en abril de 2025 los llamados aranceles del ‘Día de la Liberación’.
La Corte Suprema anuló ese uso de la ley en febrero de 2026. Después, la administración aplicó un gravamen temporal de 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 , con el argumento de atender un problema de balanza de pagos. Sin embargo, esa disposición limita la medida a un máximo de 150 días y los aranceles vencieron el 24 de julio. Antes de que expiraran, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) preparó una tercera vía: la Sección 301, que permite responder a actos, políticas o prácticas extranjeras que sean injustificables, discriminatorias o que perjudiquen al comercio estadounidense.
La medida contempla aranceles de 10% o 12.5% sobre productos de 60 economías , cuyos gobiernos, según Washington, no impedían de forma efectiva la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. Aunque incluyó exenciones que cubren cerca de la mitad de las importaciones procedentes de los países afectados, además de tratamientos especiales para mercancías vinculadas con el T-MEC.
