Acuerdo Comercial contra la falsificación, no viola las garantías individuales: Martínez Gamba

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Dado el escenario de democracia contemporánea que involucran libertades, mayorías y garantías de estas libertades; es necesario realizar un riguroso análisis sobre las implicaciones del Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA), además de que este tema aporta elementos para el análisis y la discusión de la nueva Agenda Digital Legislativa, aseveró el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Salomón Escorza.

Asimismo señaló que la defensa de los derechos de propiedad industrial, inherentes en ACTA, tiene un impacto directo en el Espacio Público, puesto que por un lado, está establecido el acceso a internet como un derecho universal pero se vuelve imperativo que los diferentes agentes económicos, eleven los mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual para combatir la proliferación de productos falsificados y otras prácticas ilegales.
Lo anterior, en el marco de la conferencia «Implicaciones de la Suscripción del Acuerdo Comercial contra la Falsificación ACTA» impartida por Ana Carla Martínez Gamba, Directora General Adjunta de Servicios de Apoyo del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a quien el líder del Congreso agradeció su valiosa cátedra así como también al Diputado Gerardo Mejía Ramírez por organizar este tipo de eventos en los que queda demostrado el compromiso del Congreso del Estado para la vinculación con la sociedad.
Por su parte, Clara Martínez Gamba, informó que el ACTA, consta de diversas secciones basadas en reglas internacionales y que de ninguna manera viola las garantías individuales de los usuarios a internet, por lo tanto, no podrán ser aplicados en detrimento de los derechos humanos internacionales y sí defiende los derechos de autor por lo que es necesaria una legislación secundaria para la aplicación de la misma.
Así también enfatizó que esta ACTA no va a censurar sitios web ni pretende regular internet, tampoco establece que vigilen a sus usuarios y de ninguna manera, pretende establecer una policía cibernética. Así también el poder legislativo podrá velar porque ninguna disposición de la Constitución sea violada con motivo o como resultado de la implementación del ACTA.