HIPÓLITO CONTRERAS/
Creemos que el Fiscal General del estado, Víctor Carranca Bourguet, antes de separarse del cargo debe rendir cuentas ante el Congreso del estado de lo que se ha hecho y dejado de hacerse en materia de justicia, expuso el Sindicato Nacional de Empresarios.
Expuso que si los actuales diputados se convirtieran en cómplices de esta situación, hace un llamado a los diputados electos para que cuando tomen posesión de sus cargos atraigan el asunto, con el fin de que no evada la eventual acción de la justicia y en su caso se finquen las responsabilidades inherentes al cargo”, subrayó el empresario, en su tradicional conferencia de prensa semanal.
Consideró que el Fiscal Carrancá Bourguet debe rendir cuentas ante la próxima legislatura local y no solamente beneficiarse de una reforma para dejar un nuevo fiscal modo, lo cual solamente puede ser objetado por el voto de dos terceras partes de los diputados del Congreso local, cosa que se presume no ocurriría con los actuales miembros del poder Legislativo.
Destacó que la Fiscalía General del Estado es considera actualmente como la peor del país, la dependencia carece de los recursos humanos al sumar sólo 2.5 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, de los peritos y de los instrumentos para el desarrollo de sus funciones, tampoco se ha capacitado a los policías y los cuerpos de seguridad estatales y municipales, para que en pleno ejercicio de sus funciones cuenten con la capacidad para recabar pruebas que permitan una orientación hacia la debida acción de la justicia.
La Fiscalía, señaló, no es una institución que destaque como representante social, respecto de la defensa y protección de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo o peligro, ni ha cumplido tampoco con su función con el combate al feminicidio en el estado.
La salida del funcionario, agregó, nos deja mucho a deber, porque no cumplió con lo que prometió al rendir protesta como fiscal el 5 de enero del 2016 donde afirmó: “llegamos a trabajar para seguir con un proyecto de transformación de la procuración de justicia.
