En sesión de la Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, que presiden los Diputados Juan Carlos Espina von Roehrich y José Guillermo Aréchiga Santamaría, respectivamente, se aprobó por mayoría el Dictamen enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforma los artículos 3, fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero; un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX de dicho artículo constitucional, que tiene por objetivo, dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan.
Cabe mencionar, que dicho ordenamiento que fue avalado con 7 votos a favor y dos en contra, establece a nivel nacional las bases de creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso por examen de oposición para docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. En este sentido, la reforma propone que la Ley Reglamentaria del Artículo 3 constitucional fije los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio.
En otro sentido, se constituye el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual tendrá las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y medio superior, dotando al instituto de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema, emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y local, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y en general directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad.
Asimismo, se diseñe una política de Estado sustentada en la fuerza de una disposición constitucional que permita superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades que el Congreso Federal, los Poderes Legislativos de los Estados y autoridades educativas deben asumir, sin deterioro alguno de los derechos laborales que, en su calidad de servidores del Estado, se les otorgan en los términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
