jueves , enero 21 2021

Ayuntamiento de Puebla atiende Diligencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación


En rueda de prensa, Ernesto Bojalil Andrade, Síndico Municipal informó que asistió al Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de atender la diligencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos, a fin de resolver la controversia de índole fiscal que presentó el municipio de Puebla.

Bojalil Andrade precisó que el objetivo al presentar el escrito de la controversia constitucional, fue para atender el tema de la controversia fiscal y no de límites territoriales, ya que la corte tiene la competencia de devolver el orden y la seguridad jurídica, a través del proyecto que presente el ministro instructor.
«La primera conclusión de este ofrecimiento es que para beneficio de Puebla, fueron admitidas todas las pruebas y alegatos, ninguna de las pruebas se desecharon, nosotros lo que buscamos es, por instrucción del Alcalde Eduardo Rivera, dar certeza jurídica a la zona, equidad tributaria y evitar el caos y la anarquía».
El Síndico señaló que las pruebas presentadas fueron documentales, las cuales tienen que ver con los decretos que ha expedido el Congreso del Estado en conde se establece la zonificación catastral y las tablas de valores unitarios para suelo urbano y rústico así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado para el municipio de Puebla y San Andrés Cholula.
El objetivo de las pruebas presentadas es que se logró probar con claridad que en la última aprobación del Congreso con respecto a las tablas de valores, se cayó en una duplicidad catastral, ya que ambas tablas catastrales, tanto la de Puebla como la de San Andrés, fueron aprobadas.
«Hacemos una solicitud respetuosa a los Diputados del Honorable Congreso que se resuelva el tema de fondo a fin de brindar certidumbre a los ciudadanos que se ubican en la zona en conflicto».
Por último el Síndico Ernesto Bojalil, añadió que el Congreso del Estado debe ser quien defina el tema de límites territoriales, ya que existe una ley que claramente define los criterios que deberá tomar el Congreso para resolver el conflicto de fondo, tomando en cuenta la aplicación de estudios topográficos, expediente político y social.

 

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