El senador Manuel Cota Jiménez demandó crear la Comisión Nacional del Suelo para frenar de manera urgente la erosión de la tierra que afecta al 75 % del territorio mexicano, lo que reduce la productividad agrícola y el propósito de progreso económico de quienes forman parte de los estratos sociales más marginados y débiles del país, que son, además, los afectados de forma directa por la desertificación.
El presidente de la Confederación Nacional Campesina informó que en México de casi 200 millones de hectáreas que tiene nuestro territorio, alrededor de 142 millones se encuentran en proceso de degradación, lo cual contribuye al cambio climático y a la severa y creciente escasez de alimentos.
“A esto debe añadirse la pérdida de un millón 420 mil hectáreas de suelo en el país y el que son siete estados los que concentran el 50 % del valor de la producción agrícola nacional y que todos presentan algunos procesos de degradación del suelo por motivos de orden químico, hídrico, eólico y de tipo físico”.
El también presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República recordó que ante esta problemática pidió al órgano legislativo tomar en cuenta el deterioro que sufren grandes extensiones de suelos del país por la erosión que provocan cíclicamente los vientos, los escurrimientos de agua –en particular durante la época de lluvias—el sobre-pastoreo y la explotación intensiva de actividades agrícolas y ganaderas.
De esta forma, se exhortó al Gobierno Federal y en especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la creación del organismo citado, planteamiento que fue hecho luego de que el dirigente de la CNC se reunió recientemente con un grupo de estudiosos y técnicos del Colegio de Postgraduados, encabezado por su director Jesús Moncada de la Fuente y el investigador Manuel Anaya Garduño, sobre la gravedad del fenómeno de erosión en dos terceras partes del país, que es necesario detener.
De acuerdo con un diagnóstico del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, indica un documento de los mencionados, el avance de los desiertos amenaza a la cuarta parte de nuestro planeta, afecta a 250 millones de personas y pone en peligro los medios de vida de más de mil millones de habitantes de alrededor de cien países.
Regularmente las zonas que presentan degradación, sufren reducción de los índices de productividad, especialmente en regiones dedicadas a la agricultura intensiva y a la ganadería de pastoreo. Estas condiciones afectan de manera importante a familias marginadas de países que enfrentan serios problemas de pobreza.
Entre las causas que originan la deforestación y el avance de las zonas áridas, no solamente se menciona a la sequía, sino que la razón principal está en las actividades humanas, como la siembra cíclica de granos básicos sin incorporar abonos orgánicos; el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de agua. Como ejemplo de ello, indica el estudio de la ONU, encontramos que alrededor de dos mil millones de hectáreas de suelo del mundo, equivalentes al 15 por ciento de la superficie territorial del planeta, se han degradado por causas humanas.
En México, a pesar de que en algunos estados se ha creado cierta conciencia sobre la necesidad de mantener sustentable el uso del suelo, y de que se realizan obras de conservación por parte de algunos particulares y muy pocas organizaciones, se considera que las acciones en el sentido de la conservación de los suelos y aguas, no han sido suficientes, no existe un organismo específicamente dedicado a atender la problemática de la desertificación y la pérdida de suelos.
Si bien es cierto que existe la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Zonas Áridas y la Comisión Nacional del Agua, prácticamente ninguna tiene en específico acciones orientadas a evitar la pérdida de suelo ni sobre su recuperación donde se ha perdido.
Por todo lo anterior, la propuesta del senador Manuel Cota Jiménez, líder de la CNC, está orientada en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y otros ordenamientos jurídicos en lo referente a la conservación, rehabilitación y aprovechamiento adecuado del suelo.
