La matanza del 2 de octubre de 1968 es un momento clave de la historia contemporánea. Ahí el régimen priísta reveló su verdadera esencia al exterminar con violencia a un movimiento estudiantil pacífico que levantó las banderas de los derechos humanos y las libertades civiles, aseveró el maestro Luis Álvarez Garín, quien fue uno de los integrantes de este grupo.
Dentro del Seminario Investigación y Cultura “Oscar Sánchez Daza”, que realiza la Facultad de Ingeniería Química de la BUAP, explicó a los asistentes que durante más de 30 años el Gobierno evadió su responsabilidad sobre lo ocurrido y la versión oficial frenó conocer la verdad.
Esto, dijo, no impidió que muchos mexicanos mantuvieran la memoria de las víctimas de aquel trágico suceso y no cegaran en su exigencia de castigar a los responsables. Así, la lucha por la democratización del país también se convirtió en una disputa por la memoria histórica.
Fue hasta 1998 cuando se comenzó a indagar en los crímenes de inconformidad del movimiento estudiantil de 1968, así como en otras masacres y desapariciones, de esta manera se planteó hacer juicios de responsabilidad política.
“Se armaron juicios largos y con obstáculos en su desarrollo, llegando incluso a organismos internacionales, la Corte Interamericana, por la deformación de la práctica y arquitectura jurídica del país, con el fin de buscar justicia”.
El también miembro del Comité 68 invitó a efectuar una actualización de los hechos recientes del país en materia política y cultural, lo cual se relaciona con este movimiento, ya que la participación no es sólo un derecho, sino también una obligación, la cual directa o indirectamente interviene en el desarrollo del país.
Álvarez Garín señaló que el recuerdo del 2 de octubre vuelve a plantear la deuda histórica que tiene el Estado y la sociedad con las víctimas y participantes de un movimiento que haciendo uso de sus derechos constitucionales, cuestionó a un régimen que uso las armas para calmar sus reclamos.
Enfatizó que esta fecha es un día de duelo, por lo que el Gobierno está obligado a colocar la bandera a media asta en todos los edificios gubernamentales, representando así un simbolismo y reconocimiento de este crimen.
Por su parte los medios de comunicación, deberán publicar o dar a conocer algo al respecto. “Estos actos simbólicos obligarán a la nación a pensar y realizar un diagnóstico de la situación actual”, concluyó.
