Todavía falta mucho por avanzar en la atención al campo, puesto que desde mediados de la década de 1980 el campesino contaba con técnicos e ingenieros agrónomos para capacitarlo, pero a partir de 1990 se dejó de lado su atención y se dio prioridad a las importaciones, lo que provocó la migración de la población y el abandono de las parcelas, comentó Héctor Bernal Mendoza, profesor investigador del Colegio de Ingeniería Agroindustrial, en la Unidad Regional de Acatzingo de la BUAP.
En rueda de prensa para dar a conocer el Segundo Foro de Investigación Rural Interdisciplinaria Puebla-Tlaxcala, que realizará ese campus, dijo que los altos precios del huevo, maíz y carne de res son algunos pequeños indicadores de problemas en la producción de alimentos, que no es una preocupación únicamente del ámbito rural, sino a nivel internacional. “Tan sólo el abasto de maíz en México sólo es del 70 por ciento, por lo que el porcentaje restante tiene que importarse de Estados Unidos”.
Benito Ramírez Valverde, profesor investigador del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas-Puebla, destacó que la importancia de este foro radica en que los académicos pueden aportar soluciones a nivel nacional, para resolver este tipo de dificultades.
El foro se realizará este 27 y 28 de septiembre en la Unidad Regional de Acatzingo, donde se discutirá la producción de alimentos, desarrollo rural, sustentabilidad y la problemática social, económica, ambiental, alimentaria y productiva que padecen las regiones rurales y urbanas.
Las conferencias magistrales estarán a cargo del ingeniero Víctor Suárez Carrera, experto en políticas públicas para el sector agroalimentario mexicano y el doctor Antonio Turrent Fernández, experto en desarrollo de tecnología para la agricultura tradicional.
Además de docentes y estudiantes, se considera la participación de Comités de Sistema Producto, empresarios, organizaciones y grupos de campesinos que han generado experiencias exitosas de producción y transformación, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno y grupos civiles defensores de sus recursos naturales y de su cultura.
“Se pretende considerar todas las voces, que en ocasiones no son escuchadas y que por ende no se atienden sus demandas”, recalcó Héctor Bernal Mendoza.
