Gobierno federal indemnizará por ejecuciones atribuibles al Ejército

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El gobierno mexicano indemnizará por 3,3 millones de dólares a las familias de las víctimas de los asesinados presuntamente por el Ejército en un enfrentamiento armado en junio pasado, se conoció hoy.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó en un comunicado que inicia así las acciones de reparación después de constatar que en Tlatlaya, localidad mexiquense donde ocurrió el incidente el 30 de junio del pasado año, hubo «diversas violaciones de derechos humanos».

Al menos 12 de las 22 personas fallecidas en esos sucesos fueron ejecutadas, según afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo independiente. Los sobrevivientes también tendrán derecho a la indemnización financiera, apuntó el gobierno.

El Ejército y la Armada de México están desplegados en el combate a los grupos criminales, incluso ocupando espacios que constitucionalmente corresponden a fuerzas estatales y municipales que, como en el caso de Iguala, fueron infiltradas por grupos delincuenciales.

Iguala, en el estado de Guerrero, se ha convertido en un símbolo del flagelo de las organizaciones criminales y sus nexos con funcionarios públicos, luego de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en septiembre pasado.

Ocho efectivos militares y un agente de la Policía Federal murieron como consecuencia del derribo de un helicóptero militar en el estado de Jalisco, en la implementación de un operativo de seguridad federal contra el cartel Jalisco Nueva Generacíón, el pasado primero de mayo.

Ese cartel es considerado aquí y por agencias de Estados Unidos como el más peligroso y con más ramificaciones a nivel internacional. La aeronave fue derribada por un disparo de RPG, un arma portable antiaérea, lo cual evidencia el poder de fuego del crimen organizado en México.

Antes del balance final de las perdidas por ese hecho, el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó que suman 95 los militares caídos en el combate a los grupos criminales durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que inició en diciembre de 2012.

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