Senadores del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa que incorpora en una misma ley especial a la iniciativa ciudadana y la consulta popular, ya que ambos constituyen medios que amplían los derechos políticos de los ciudadanos y son mecanismos de democracia directa que están relacionados con la inclusión de los ciudadanos en los asuntos de interés público.
A nombre de sus compañeros de bancada, la senadora Blanca Alcalá Ruiz presentó el proyecto de decreto y aseguró que en el caso de la iniciativa ciudadana, se propone sujetarla a un procedimiento legislativo normal, equivalente al de cualquier otra iniciativa de ley o decreto presentada por las legislaturas de los estados de la Federación, los diputados o los senadores o, bien, por el Ejecutivo cuando no la solicite bajo el procedimiento de iniciativa preferente.
La propuesta, aclaró, la define como el derecho de iniciar proyectos de ley o decreto, formulados de manera conjunta por un determinado grupo de ciudadanos, que se someten ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. Las iniciativas ciudadanas deberán ser presentadas por el equivalente, al menos, del punto trece por ciento de la lista nominal de electores vigente al momento de presentarse.
La legisladora reveló que al 1 de marzo de 2013, la lista nominal se integraba por 80 millones 791 mil 371 ciudadanos; el 0.13 por ciento es equivalente a 105 mil 28 ciudadanos. Esta cifra puede modificarse dependiendo del número de personas que tengan su credencial de elector vigente y estén en la posibilidad material de votar.
En lo que se refiere a la consulta popular, la presente iniciativa propone, explicó, la elaboración de una boleta especial para la consulta que cuente con los mecanismos de certeza que considere la autoridad electoral, así como la asignación especial del espacio correspondiente para que el ciudadano se pronuncie a favor o en contra del tema que ha sido puesto a su consideración.
Alcalá Ruiz detalló que el proyecto de dictamen contempla un artículo segundo, con el propósito de establecer que el Instituto Federal Electoral lleve a cabo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de las consultas populares, así como facultar al Consejo General y al presidente del Consejo General del propio Instituto, respecto de las acciones de verificación de documentos y plazos disponibles con motivo de las consultas ciudadanas que al efecto se realicen.
La consulta popular, aseguró, la presente iniciativa la define como el derecho a través del cual los ciudadanos expresan su consentimiento en asuntos de trascendencia nacional respecto de los actos de autoridad del Gobierno federal.
En el documento, firmado además por los senadores Emilio Gamboa y Miguel Romo, se establece que esta figura se realizará simultáneamente con las elecciones federales ordinarias y deberá aprobarse por el Congreso de la Unión o declarada la validez de la misma, previo al inicio del proceso electoral que corresponda a su realización, conforme al calendario que establezca la autoridad electoral.
Esta figura, señaló la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, tiene diferentes hipótesis normativas para dar inicio: cuando la solicitan el titular del Ejecutivo, cuando la solicita, cuando menos, un 33 por ciento de los legisladores que integran una cámara o cuando un conjunto de ciudadanos propone realizarla. En los primeros dos casos el procedimiento de inicio es similar y ocurre, hasta su aprobación, en el seno del Congreso de la Unión, sin la intervención del Instituto Federal Electoral.
Y explicó que cuando la solicitud tiene su origen en el dos por ciento de ciudadanos con registro en la lista nominal vigente, el procedimiento involucra a la autoridad electoral, únicamente para verificar que la documentación solicitada cumple con los requisitos que establece la ley.
Blanca Alcalá abundó: “la presente iniciativa tiene como estrategia la formulación de una ley especial para el caso de la iniciativa ciudadana y de la consulta popular, sobre la base de que, para su procesamiento y desahogo, concurren distintas autoridades sujetas a marcos jurídicos de diversa naturaleza, a saber, las cámaras del Congreso de la Unión, el Instituto Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
Cabe destacar que los firmantes de la iniciativa son, además de la senadora Blanca Alcalá, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina y Pablo Escudero Morales.
La minuta se turnó a las Comisiones de Participación Ciudadana, Anticorrupción y Estudios Legislativos Primera.
Y se sumaron a la propuesta los senadores del PRI Omar Fayad y Gerardo Sánchez; del PAN, Javier Lozano y del PRD, Alejandra Barrales y Pablo Escudero del PVEM.
