El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2027 por 31,431 millones 887,800 pesos, así como el financiamiento público destinado a partidos políticos nacionales y candidaturas independientes para el próximo proceso electoral federal.
Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey planteó modificar el esquema vigente para calcular y distribuir los recursos públicos, además de fortalecer el financiamiento destinado a la participación política de las mujeres.
INE define presupuesto para las elecciones de 2027
El anteproyecto será enviado al Poder Ejecutivo para que sea considerado dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
El monto contempla los recursos necesarios para que el organismo cumpla con sus atribuciones durante el proceso electoral.
En la misma sesión, el INE aprobó un financiamiento público federal de 10,842 millones 653,927 pesos para los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 41 constitucional.
Para las candidaturas independientes, el financiamiento público destinado exclusivamente a gastos de campaña será de 47 millones 275,990 pesos durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.
Humphrey consideró necesario actualizar el mecanismo utilizado para determinar el financiamiento de los partidos, debido a que la fórmula vigente fue establecida en 2007.
La consejera propuso dejar de utilizar el padrón electoral como referencia y sustituirlo por el listado nominal, al considerar que este último representa de manera más precisa a las personas que pueden acudir a las urnas.
También planteó analizar otros indicadores para determinar los recursos, entre ellos:
El porcentaje de participación ciudadana en las elecciones.
El salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Estudios comparados sobre modelos de financiamiento político.
La eliminación de la prerrogativa de franquicia telegráfica.
Sobre este último punto, explicó que desde 2008 no se utiliza dicha prestación, por lo que los recursos son devueltos anualmente.
La consejera también llamó a revisar la regulación de los partidos políticos frente a las nuevas herramientas digitales.
Señaló que las redes sociales y plataformas digitales forman parte de las nuevas formas de comunicación política, por lo que consideró necesario analizar su regulación dentro de la vida interna de las organizaciones partidistas.
Su propuesta también contempla flexibilizar algunos modelos de prerrogativas y actualizar las reglas relacionadas con el financiamiento público.
Uno de los principales planteamientos de Humphrey fue aumentar del 3 al 6 por ciento el porcentaje que los partidos deben destinar a la promoción, capacitación y formación del liderazgo político de las mujeres.
La consejera recordó que la aplicación de este recurso ha generado sanciones millonarias por incumplimientos detectados durante las revisiones de informes anuales.
Por ello, propuso fortalecer la supervisión mediante programas de trabajo que sean revisados previamente por las áreas de Fiscalización y de Igualdad de Género y No Discriminación.
También planteó etiquetar los recursos para garantizar que sean utilizados exclusivamente en este objetivo y dar vista a las fiscalías electorales cuando se incurra en conductas que puedan constituir un delito.
Además del presupuesto electoral, el Consejo General aprobó una bolsa precautoria de 4,736 millones 121,734 pesos para una eventual Consulta Popular y un proceso de Revocación de Mandato durante 2027.
El monto contempla actividades como verificación de apoyos ciudadanos, capacitación electoral, instalación de casillas, producción de materiales, difusión, jornada electoral y cómputo de resultados.
El INE aclaró que estos mecanismos podrían solicitarse después de la elaboración del Presupuesto de Egresos, por lo que actualmente no existe certeza sobre su realización.
La sesión también incluyó la aprobación de criterios para distribuir tiempos en radio y televisión durante el proceso electoral 2026-2027.
El 70 por ciento del tiempo disponible corresponderá al INE para sus fines y los de otras autoridades electorales federales, mientras que el 30 por ciento restante se distribuirá entre las autoridades electorales locales que presenten oportunamente su solicitud.
