- Las violencias contra las mujeres se dan de manera sistemática; la ley para combatirlas debe centrarse en la prevención, consideran.
Especialistas coincidieron que el feminicidio debe prevenirse desde que se presentan los primeros signos de violencia y se manifestaron a favor de homologar el tipo penal, las pautas para acreditar el delito, establecer un lenguaje jurídico con perspectiva de género y derechos de la infancia, así como erradicar la impunidad.
Durante el encuentro, se destacó que las violencias contra las mujeres se desarrollan de manera sistemática y por eso el nuevo ordenamiento debe centrarse en la prevención, así como en la atención del feminicidio infantil, “que es brutal y va en incremento”.
Las Comisiones para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera, que presiden la senadora Martha Lucía Mícher Camarena y los senadores Javier Corral Jurado y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, respectivamente, organizaron una serie de conferencias magistrales en el marco de las “Mesas de diálogo para el análisis y formulación de propuestas respecto de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio”. La legislación es promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvo que investigar, detener y llevar ante los tribunales a quien probablemente cometió un feminicidio es una obligación irrenunciable, pero no la única medida de éxito. “El Estado debe llegar cuando aparece la primera amenaza”, enfatizó.
Asentó que la ley general no se debe limitar a definir el delito y establecer una pena, sino determinar una política nacional desde la prevención. Consideró que la eficacia de las fiscalías es necesaria, pero advirtió que eso “no le devuelve la vida a una mujer”. Resaltó que el incremento de los feminicidios obliga a las autoridades a reconocer que, como Estado, “no siempre están llegando a tiempo”.
Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México, consideró que la nueva ley debe cambiar el fenómeno estructural y los contextos de violencias contra las mujeres que durante años han prevalecido, así como homologar criterios para judicializar casos que no llegan a tratarse.
En particular, advirtió, el feminicidio infantil debe atenderse, pues las condiciones bajo las que se presenta son “brutales” y muchos de los victimarios son personas que están al cuidado incluso de bebes o niñas, cuyos cuerpos terminan en la basura o semienterrados, y los culpables no son perseguidos.
La antropóloga e investigadora mexicana, Marcela Lagarde, refirió que el feminicidio es complejo, pero no aislado, ya que toca de lleno a la sociedad. Remarcó que “es un crimen político contra las mujeres” de cualquier condición, más allá del género, por lo que debe ser investigado desde todas las relaciones de poder y de oprobio, y no puede ser tratado como si fuera una violencia, sino como una teoría política del poder.
Agregó que el feminicidio violenta los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo que es importante sumarse a la causa del respeto a la vida de las mujeres, pero esto no puede quedar en lo teórico sino pasar a la praxis política; ni tampoco, añadió, se debe atender desde diversas trincheras sino como un pacto democrático y político.
Karla Micheel Salas, defensora de los derechos de la mujer, recordó que la ley en materia de feminicidio que se formule ayudará a México a cumplir con sus compromisos internacionales derivados de tres sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Campo Algodonero, Digna Ochoa y Plácido y García Andrade.
Esos precedentes, detalló, son también una “hoja de ruta” para el Estado mexicano, toda vez que precisan quién debe actuar ante las primeras señales de riesgo para una mujer y sus plazos; cómo vincular la búsqueda de una mujer o niña desaparecida; cómo se supervisan las órdenes de protección, qué derechos se activan y cómo participan los familiares de las víctimas, entre otras medidas.
Por su parte, David Peña, especialista en Derechos Humanos y Democracia, resaltó que uno de los temas a tratar en la discusión de esta ley es la impunidad cuando se judicializan los casos de feminicidio, particularmente en las fiscalías locales, en donde en ocasiones no son correctamente registrados ni clasificados, de ahí que es importante homologar el tipo penal y crear protocolos homologados de investigación.
Mencionó que la impunidad puede tener varias formas de expresión, empezando por la falta de personal, deficiencias institucionales, servicios periciales deficientes, falta de infraestructura, por lo que es casi imposible tener efectividad cuando se investiga el feminicidio, sumado a las resistencias institucionales, a una acción dolosa para procesar, sancionar o cuando intencionalmente integran una investigación.
