jueves , diciembre 3 2020

La ONU reconoce a México por avances contra la discriminación racial y emite recomendaciones para su erradicación

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) emitió ayer sus observaciones finales sobre el examen del 16 y 17 Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia. La sustentación del Informe de México tuvo lugar en Ginebra los días 14 y 15 de febrero del año en curso.

El Comité felicitó al Estado Mexicano por la sustentación realizada, y por la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo y la reforma al sistema de justicia penal, al tiempo que destacó la importancia de la creciente cooperación de las autoridades mexicanas con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Igualmente, el Comité destacó como avances importantes la existencia de instituciones y programas en materia de combate a la discriminación como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) -para quién recomendó se fortalezcan sus atribuciones y competencias-, la Ley General de Derechos Lingüísticos y el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, y destacó la importancia de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 como instrumento para visibilizar a las personas y los grupos en situación de discriminación en el país.

El Comité, formado por 18 expertos de diversos países, formuló en sus observaciones finales una serie de recomendaciones con objeto de apoyar el cumplimiento de las políticas públicas para el avance de los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Todas estas recomendaciones fueron aceptadas por el Estado mexicano y serán atendidas a través de un mecanismo de seguimiento.

Bajo un enfoque de cooperación, una primera recomendación se refirió a la importancia de fortalecer la medición de resultados de las políticas que actualmente se instrumentan, e instó al Estado mexicano a elaborar políticas públicas a partir de los resultados de la Enadis 2010.

Asimismo, el Comité conminó a las autoridades a tipificar como acto punible toda difusión de ideas basada en la superioridad o en el odio racial e hizo un llamado a acelerar la armonización legislativa en materia de derechos de los pueblos indígenas en los Congresos de las entidades de la República.

Al destacar los avances del Estado en materia de seguridad y reforma del sistema de justicia, el Comité conminó a las autoridades a proseguir con su tarea para garantizar el acceso pleno de las personas indígenas a defensores de oficio y funcionarios de justicia bilingües en los procedimientos judiciales, así como a garantizar el acceso a servicios de interpretación culturalmente apropiados durante todo el proceso judicial. Con relación a la población afrodescendiente, el Comité reiteró la necesidad de contar con mayor información estadística y sociodemográfica sobre este grupo de la población mexicana como una medida para garantizar su participación política y pública.

Sobre el tema de los trabajadores migrantes, y al reconocer los avances de la nueva Ley de Migración, el Comité recomendó al Estado mexicano asegurar el adecuado cumplimiento de los programas y medidas que se están llevando a cabo para la protección de los migrantes y sus derechos.

Al reconocer que ha habido avances importantes en el tema de la consulta, en especial el Sistema de Consulta Indígena instrumentado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Comité recomendó a México garantizar que se realicen  consultas efectivas a los pueblos indígenas con el propósito de obtener su consentimiento libre, previo e informado, así como acelerar el proceso de adopción de una Ley General en la materia.

Otro rubro importante de las recomendaciones del Comité se centró en el tema de salud. Al respecto, se resaltó la necesidad de mejorar el acceso a la atención de la salud por parte de mujeres y niños indígenas, y que se reconozcan los sistemas indígenas de salud para lograr una cobertura más efectiva y acorde con la pertinencia cultural de los usuarios.

Al reiterar el compromiso de México para atender los aspectos legales, de políticas públicas y judiciales contenidos en las recomendaciones contenidas en las observaciones del CERD, el Gobierno de México, a través del CONAPRED, la CDI y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pondrán en marcha un mecanismo de trabajo interinstitucional a fin de dar seguimiento a las recomendaciones y lograr la disminución de la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

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