lunes , abril 19 2021

No estamos contra el desarrollo, sino contra el abuso de poder: Pobladores de Olintla

olintla
ÁNGEL Ibáñez Fonseca.

No estamos contra el desarrollo, sino contra el abuso de poder y la corrupción: Pobladores de Olintla.
«No estamos en contra del Desarrollo, sino que se nos impongan obras sin el consentimiento de nuestros pueblos, que nos obliguen a aceptar proyectos de los cuales nunca hemos sido informados, por lo que exigimos que se nos explique y se nos consulte para así decidir acerca del destino de nuestro territorio».
Así señala un escrito firmado por pobladores de Olintla, Puebla; presentado por miembros de organizaciones no gubernamentales quienes informaron que el 26 de enero, después de participar en una manifestación, un grupo de 70 personas, 27 de ellas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales y los demás, habitantes de la comunidad indígena totonaca de Ignacio Zaragoza; fueron por varias horas retenidas por personas afines al Presidente Municipal Héctor Arroyo Bonilla y Rafael Cervantes representante de la empresa Grupo México.
Oscar Arturo Castro Soto, miembro del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE) Rafael Sevilla Zapata, miembro del Consejo de Defensa de la Tierra, «Tiyat Tlali» de Olintla; Israel Sampedro Morales, representante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla; Silvia Villaseñor, miembro de la Universidad de la Tierra de Puebla; Cecilia Zeledón, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y docente de la Universidad Iberoamericana y miembros del Comité de Jóvenes de la comunidad de Ignacio Zaragoza, Olintla, Puebla; denunciaron estos hechos.
Explicaron que a pesar de que fueron liberadas, después de la intervención de la Secretaria General de Gobierno y elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, el hostigamiento hacia los miembros estas organizaciones y pobladores que se oponen a la construcción la hidroeléctrica continúa.
Pues a algunos de ellos, les hicieron firmar un documento en donde se comprometían a no regresar al pueblo y además, a un grupo de religiosas, la encerraron en la casa en que viven y no las dejaban salir; lo que es una clara violación a sus derechos humanos más elementales.
Informaron que ese día asistieron al lugar para reunirse con habitantes de la comunidad, autoridades municipales y representantes de la empresa Grupo México quien pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico Olintla sobre el río Ajajalpan.
A las 17:30 Hrs. Se dirigieron a la salida de la comunidad, y un grupo de personas cerro el camino impidiéndoles el libre tránsito y sin posibilidades de salir.
A las 21:30 hrs. recibieron información de que las personas que no los dejaban salir de la comunidad habían realizado retenes y prendido fogatas, además de soltar el rumor de que «no olvidaran que en Olintla ya hubo muertos».
Se comunicaron a la oficina del Secretario de Gobernación Fernando Manzanilla Prieto, para informar de los hechos y pedir que garantizará la integridad de los pobladores afectados y activistas ambientales.
Les mencionaron que dos delegados de gobernación, de nombres: David Díaz Vázquez y Omar Camacho Gamboa se encontraban en el lugar de los hechos pero que no podían entablar comunicación porque no tenían señal celular. Sin embargo, los activistas y afectados los reconocen como las personas que desde la mañana y durante el conflicto estuvieron con la empresa y autoridades municipales; y que por la noche les solicitaban que partieran a Puebla, sin contar con las mínimas garantías de seguridad.
Los representantes de las organizaciones solicitaron audiencia pública con el gobernador C. Rafael Moreno Valle para que informe y explique el convenio firmado con el Grupo México y dé razones por las cuales se brindan facilidades a la empresa en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte.
Que se llame a comparecer ante tribunales y Congreso del Estado a las autoridades y particulares responsables de estos actos intimidatorios y de hostigamiento a la comunidad indígena totonaca para que los responsables materiales e intelectuales de estos hechos sean enjuiciados y sancionados penal o administrativamente.

 

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