Al participar en el módulo «Ley de Transparencia del Estado de Puebla», del Cuarto Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Comisionado Javier Fregoso Sánchez destacó el enfoque dimensional de las disposiciones legales en todo el país que garantizan la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, promoviendo los gobiernos abiertos que dan solidez a la gobernanza, es decir, a la eficiente conducción de las autoridades que finalmente consolida su legitimidad.
Ante los alumnos que participan en este cuarta edición del diplomado que promueve la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en coordinación con la BUAP y el IFAI, el Comisionado Javier Fregoso hizo un recuento de la evolución que ha tenido el derecho de acceso a la información, desde 1977 en que fue modificado el Artículo 6º. Constitucional donde se asegura que éste derecho será garantizado por el Estado.
Refirió que al mes de septiembre los Sujetos Obligados en su totalidad, han recibido 5 mil 726 solicitudes de información, las cuales en su mayoría corresponden al Poder Ejecutivo con 3 mil 291; 1,100 dirigidas a los ayuntamientos; 765 a los organismos autónomos; 345 al Poder Legislativo y 247 al Poder Judicial.
De este total de solicitudes, 152 se han convertido en recursos de revisión, lo que representa el 2.65 por ciento del total, con lo que se puede decir que en Puebla, los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia, generalmente entregan la información solicitada, ubicándose el estado por debajo de la media nacional en cuanto a la interposición de recursos la cual es del 4.21 por ciento.
De igual forma se hizo una presentación de casos prácticos de resolución de recursos de revisión, donde se analizaron los diferentes fundamentos legales que se realizan para confirmar, revocar o sobreseer las inconformidades presentadas por los ciudadanos recurrentes.
Finalmente Fregoso Sánchez destacó que son los estudiantes quienes tienen mayor interés en solicitar información a los diferentes sujetos obligados, seguidos por profesionales, empleados y periodistas; además de ser los hombres quienes hacen mayor ejercicio de este derecho, tan solo con una mínima diferencia en relación a las mujeres.
