Durante el segundo imperio mexicano que encabezó Maximiliano de Habsburgo hubo avances en materia de laboral y el notariado, señalaron investigadores de universidades e instituciones públicas, quienes coincidieron que en el análisis de la historia y documentos en los que se ha plasmado, deben quedar de lado las preferencias ideológicas.
Al participar en el Congreso Ecos de la Intervención Francesa en Puebla y México: 1861-1867, que desarrolla la Facultad de Filosofía y Letras de BUAP y el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el doctor Felipe Carrasco Fernández, docente de la Universidad Iberoamericana Puebla, manifestó que dentro de los decretos que emitió el Emperador francés se encuentra el de «Derechos sobre la libertad de trabajo en la clase de Jornaleros».
En la conferencia «Legislación laboral del Segundo Imperio», que dictó en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, el Académico comentó que en este decreto se establece que no se puede obligar a las personas a trabajar en lo que no desean y que por su trabajo debe percibir un salario en especie y no a través de la Tienda de Raya.
Determinó un tope en las deudas con estas tiendas y lo que sobrepasara dicha cantidad debería ser cancelado, además de que no eran heredables; si les daban vivienda la renta no debería llevarlos al endeudamiento. Esta reforma que «naturalmente no le gustó a los conservadores», fue una decisión de avanzada, comentó el investigador.
En los Estatutos del Imperio también se determinaron como fechas de festejo nacional: el 16 de septiembre, lo que revela el respeto a la Independencia de México; el 12 de diciembre de acuerdo a la religiosidad católica, pero también el Emperador estableció el día de su cumpleaños -6 de julio- como fiesta nacional.
Por su parte el doctor Rubén Curiel Tejeda, investigador del Instituto Universitario Puebla, destacó las reformas que Maximiliano realizó en materia del notariado, por ejemplo cambió el término de escribano por el de notario, éstas tienen mucha similitud con las establecidas en el gobierno de Benito Juárez, lo que muestra la tendencia liberal con la que había crecido en Europa.
Aunque representaba a un gobierno conservador, Maximiliano de Habsburgo, mantiene las disposiciones establecidas en la Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y en ningún momento hace alguna devolución al clero de lo que le fue incautado, lo que provoca el descontento.
El tema de los bienes del clero fue también parte de la conferencia «El Tratado de Miramar: un análisis histórico-jurídico», que dictó el maestro Raúl Andrade Osorio, miembro del Poder Judicial de la Federación, quien consideró que con estos inmuebles, Benito Juárez hubiera podido hacer frente a parte de la deuda que motivó la intervención francesa.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes históricas estos no tenían comprador, por la amenaza que la Iglesia había hecho a sus files en el sentido de que quienes los adquirieran cometerían pecado.
Por otra parte consideró que el Tratado de Miramar a todas luces era ilegal jurídicamente y con la negativa a cumplir las exigencias de los ingleses, españoles y franceses se estaba defendiendo un principio fundamental: la soberanía nacional.
